García Gómez afirmó en declaraciones a LA RAZÓN que el decreto genera inseguridad jurídica y puede llevar a pequeños propietarios a retirar viviendas del alquiler residencial, destinarlas a alquiler temporal, cederlas a familiares o venderlas. Según el consejero, más del 90 % de los arrendadores de la región son pequeños ahorradores. El mercado madrileño, añadió, está tensionado y cuenta con una oferta ajustada.
La Abogacía de la Comunidad de Madrid estudia el texto para determinar si lo recurre ante el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo regional sostiene que la norma invade competencias autonómicas y cuestiona que se aprobara por la Diputación Permanente con las Cortes disueltas, poco antes del inicio de la campaña electoral. También alega que no existía una situación de extraordinaria y urgente necesidad.
Según la descripción del consejero, el decreto establece una prórroga obligatoria de al menos dos años para determinados contratos e introduce un derecho de adquisición preferente para los inquilinos cuando el propietario quiera vender. García Gómez considera que estas medidas alteran las condiciones pactadas y ralentizan las compraventas; son críticas del Gobierno regional, no una evaluación independiente de los efectos de la norma.
El consejero también señala que la norma amplía durante tres años la suspensión de los desahucios y obliga a las comunidades autónomas a ofrecer una solución habitacional en un plazo de dos meses a quienes acrediten vulnerabilidad económica. Según su interpretación, si no lo hacen, las administraciones regionales podrían asumir con fondos públicos el coste de los impagos. Como ejemplo, mencionó casos de inquilinos de viviendas públicas con deudas de hasta 80.000 euros.