La Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) estima que el conflicto en el golfo Pérsico añadirá 1.232 millones de euros a la factura energética del sector en 2026: 641 millones por el gas y 591 millones por la electricidad. La organización presentó sus previsiones en su asamblea anual, en la que Teresa Rasero fue reelegida presidenta.
La química básica, formada por las grandes plantas que abastecen las cadenas de valor, afronta una caída de producción del 4,1% en 2026 y acumula un descenso del 20,5% desde 2021. La contracción es menor que la de Alemania (26,1%) e Italia (32,1%), y similar a la de Francia (20,8%). Feique prevé que las plantas españolas operen al 81% de su capacidad, frente al 79% de media en la UE.
En el conjunto del sector, la federación pronostica un crecimiento de la producción del 1,5% y un aumento del 3,8% de la facturación, hasta 88.633 millones de euros. Advierte, sin embargo, de que parte del alza de ingresos se debe al traslado de costes a los precios. Las exportaciones bajarían un 6% en valor, hasta unos 59.182 millones, pese a un ligero aumento del volumen; en química básica, el precio medio exportado caería un 11%, de 1.190 a 1.055 euros por tonelada.
Feique atribuye la mejor posición relativa de España frente a otros países europeos a la integración de renovables en su sistema eléctrico y a la solidez del suministro de gas. No obstante, calcula que el coste final de la electricidad para un consumidor electrointensivo español será de 107,9 euros por MWh en 2026: un 30% más que en Francia y un 13% más que en Alemania. Entre 2019 y 2026, según sus datos, el precio medio de la electricidad se habrá duplicado y el del gas se habrá multiplicado por cinco.
Rasero afirmó que las medidas temporales del Gobierno amortiguaron al principio el impacto de la crisis, aunque consideró necesario complementarlas. Para 2027, Feique propone, entre otras medidas, ampliar bonificaciones y compensaciones energéticas, crear ayudas para consumidores gasintensivos y movilizar unos 2.000 millones de euros para descarbonizar la industria. También pide acelerar las investigaciones comerciales contra prácticas que considera desleales y plantea medidas para impulsar productos europeos con contenido verde trazable.