La Diputación Permanente del Congreso convalidó uno de los dos reales decretos de vivienda tramitados antes de la disolución de las Cortes. El otro, que proponía renovar automáticamente los contratos de vivienda habitual por periodos de cinco o siete años, fue rechazado y no entrará en vigor.
El decreto aprobado permite a los inquilinos solicitar prórrogas anuales de hasta dos años si su contrato de vivienda habitual vence antes del 31 de diciembre de 2028. Para acogerse, deben haber pagado la renta durante los ocho meses anteriores. El propietario debe aceptar, salvo en determinados supuestos de recuperación de la vivienda. La medida no se aplica si las partes acuerdan otra opción, firman un nuevo contrato o pactan una rebaja de al menos el 5%, entre otras excepciones.
La actualización anual de la renta queda limitada hasta el 31 de diciembre de 2027. Si el alquiler supera el máximo aplicable según el sistema estatal de precios de referencia, no podrá subir; en los demás casos, si las partes no acuerdan otra revisión, el incremento no podrá superar el 2%. Para contratos temporales, el decreto exige una causa real y acreditable y limita su duración conjunta a 12 meses, salvo causas justificadas. Además, el total cobrado por habitaciones no podrá exceder el precio del alquiler de la vivienda completa.
La norma incorpora una deducción estatal en el IRPF para el alquiler de la vivienda habitual: quienes tengan una base imponible de hasta 23.007,20 euros podrán deducir el 10% de lo pagado, con una base máxima de 11.630 euros y una deducción de hasta 1.163 euros anuales. Por encima de ese umbral, la deducción máxima disminuye progresivamente hasta los 33.007,20 euros, siempre que se cumplan los demás requisitos.
También contempla reducciones fiscales para propietarios que rebajen la renta en nuevos contratos, con porcentajes que varían según el importe de la rebaja, la ubicación y las características del inquilino. En ciertos casos, la reducción puede alcanzar el 100%; si la renta se mantiene respecto al contrato anterior, es del 50%, y las subidas reducen progresivamente el incentivo. El decreto incluye asimismo incentivos para pequeños propietarios que alquilen a precios asequibles.